"Nuestro objetivo con estas medidas es nivelar el terreno para las empresas europeas, seguimos dispuestos al diálogo con China para resolver este asunto", ha declarado el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, tras conocerse la medida.
La represalia diseñada por la Comisión Europea, que actúa en nombre de los 27 en política comercial, se enmarca dentro del Instrumento europeo de Contratación Pública Internacional (IPI, por sus siglas en inglés) que fija criterios de proporcionalidad para evitar que la intervención se convierta en un veto total contra ningún país tercero.
El bloque sostiene que la represalia es "proporcional" a las barreras impuestas por China a los europeos y que busca un efecto disuasorio para que Pekín cese en la discriminación.
El impacto del veto será equivalente a los perjuicios de la industria europea y habrá "excepciones" cuando no se encuentren proveedores alternativos que puedan garantizar el suministro de los dispositivos que necesite el sistema de salud de la UE.
Bruselas presentó los detalles de la propuesta a principios de mes a los Veintisiete, que respaldaron la medida en una reunión de expertos el pasado 3 de junio, según informaron entonces a Europa Press fuentes comunitarias.
Una vez completada su tramitación, incluida la adopción por el Colegio de Comisarios, la restricción entrará en vigor dentro de diez días, tras su publicación este mismo viernes en el Diario Oficial de la UE (DOUE).
El instrumento prevé dos posibles respuestas: un "ajuste" de la puntuación que reciben las ofertas presentadas por operadores chinos o bien excluir de las licitaciones a estos operadores cuando los contratos en juego superan los 5 millones de euros, que ha sido finalmente la opción elegida por Bruselas. Además, las empresas que logren los contratos públicos no podrán haber obtenido más del 50% de sus dispositivos en China.
Ya en enero, Bruselas adelantó que estudiaba medidas para responder a Pekín por restringir de manera "injusta y discriminatoria" el acceso de los europeos a sus licitaciones.
El aviso fue el resultado de meses de investigación en el marco del nuevo IPI, pero en este semestre los servicios comunitarios han intentado sin éxito llegar a una solución dialogada con las autoridades chinas.
El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, afirmó entonces que Bruselas quiere "relaciones comerciales abiertas, justas y mutuamente beneficiosas con China", pero dejó claro también que la apertura de mercados, incluida en la contratación pública, debe ser "recíproca".
Según los datos recabados en la investigación, Pekín impone restricciones legales y administrativas "significativas y recurrentes", con un 87% de las licitaciones públicas del sector sujetas a medidas y prácticas "excluyentes y discriminatorias" para las entidades de la Unión Europea.