La iniciativa ha sido presentada por los congresistas de Perú Libre Guillermo Bermejo y Bernado Quito y está firmada, además de por los autores del proyecto de ley, por nueve congresistas de la misma formación y por otros tres de 'Juntos por el Perú'.
"La ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la nacionalización de la empresa privada de Telefónica del Perú, en el marco de una acción de protección de los intereses del Estado, cautela de los intereses de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), resguardar el capital de los proveedores y la protección del servicio estratégico de telecomunicaciones para garantizar el servicio de conectividad en todo el territorio nacional", señala el documento consultado por Europa Press.
En esa línea, el proyecto de ley busca que se expropien "todas las acciones, activos y operaciones" de Telefónica del Perú, un proceso en el que se incluyen las empresas creadas entre marzo y junio de 2020 (PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech Perú).
Cabe señalar que Telefónica vendió su filial en el país en el marco de su estrategia de reducir su exposición a Hispanoamérica y que la operación a través de la cual Integra Tec adquirió su negocio en el país ya está cerrada y firmada, por lo que desde la teleco española han señalado en varias ocasiones que cualquier riesgo regulatorio recae ya sobre el comprador.
En el momento de la transacción, Telefónica del Perú se encontraba en proceso de concurso de acreedores y al cierre de 2024 la compañía contaba con una deuda de unos 1.240 millones de euros.
El proyecto de ley presentado en el Congreso peruano propone que el Gobierno garantice el pago del "justiprecio correspondiente a la última operación extrabursátil de venta del 99,3% de las acciones de la empresa" y añade que se "deducirá del pago del justiprecio las deudas tributarias, sanciones regulatorias y penalidades que la empresa Telefónica del Perú, o su matriz, tengan con el Estado peruano".
Asimismo, el texto propone la creación de la empresa nacional 'Telecomunicaciones del Perú' (Telperú), que sería una entidad pública de derecho privado adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, departamento que asumiría la gestión "hasta la decisión final por parte del Estado para su administración estatal, concesión o privatización bajo nuevas reglas de dación de servicios".
En la parte argumentativa del proyecto de ley se considera que Telefónica había "planificado el desmantelamiento progresivo" de la filial con el traslado de una "parte significativa de su patrimonio", sobre todo de los activos con mayor rentabilidad y proyección, "hacia empresas creadas a partir del año 2020", en referencia a las mencionadas PangeaCo, Telefónica Cloud Tech Perú y Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech Perú.
"Este esquema evidenciaría una estrategia deliberada para vaciar Telefónica del Perú de sus recursos más valiosos, generando así un escenario de pérdidas en la filial peruana", añade el proyecto de ley.
En ese sentido, cabe recordar que el plan de salida de Telefónica de los mercados hispanoamericanos se fraguó ya en 2019, si bien no ha sido hasta este año cuando ha empezado a tomar más ritmo con las ventas de las filiales de Perú, Argentina, Uruguay y Colombia.
"Una muestra concreta de ello es la transferencia del equipamiento de fibra óptica --tecnología clave para las telecomunicaciones del futuro-- hacia la empresa Pangeaco, la cual también es propiedad de Telefónica de España. Con esta maniobra, Telefónica de España se asegura de conservar el control de los activos estratégicos más lucrativos, mientras deja a su operadora en Perú con una estructura debilitada y financieramente comprometida", señala el documento presentado en el Congreso peruano.
En el momento de la venta, Telefónica del Perú (que ahora se llama Integratel Perú) contaba con alrededor de 13 millones de clientes en el país, donde la compañía atravesaba una situación financiera y administrativa complicada desde hacía dos décadas debido a las controversias con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) en el país.
De hecho, la venta de la filial peruana el pasado 13 de abril tuvo un impacto contable de unos 500 millones de euros en las cuentas del grupo Telefónica correspondientes al primer trimestre del presente ejercicio.
El proyecto de ley presentado en el Congreso de Perú está en comisiones y todavía no ha sido debatido en el Pleno para saber si se sigue adelante con el proceso legislativo o no.