Con el objetivo de prepararse para este escenario, muchas compañías de Galicia llevan años esforzándose por cumplir estos criterios. Así se refleja en el Informe Europeo de Pagos de Intrum, estudio anual que analiza la salud financiera y el comportamiento y tendencias de pago de las empresas de 25 países europeos. En él, se recoge que, actualmente, el 72% de las entidades gallegas está intensificando sus esfuerzos por ser más sostenible. Un porcentaje superior al 67% registrado en 2023 y al 64% de 2022.
A nivel nacional, el indicador asciende al 67%, una cifra notablemente superior al 60% registrado en 2022 y al 64% de 2023, resaltando que las organizaciones de nuestro país son cada vez más conscientes de que deben integrar criterios sostenibles para potenciar su desarrollo, reforzar su imagen corporativa y cumplir con las disposiciones internacionales.
A nivel europeo, este porcentaje de empresas se sitúa en el 63%, igualando el dato de 2022, y superando en tres puntos el 60% registrado en 2023. España se sitúa, así, como el quinto territorio con el mayor porcentaje de entidades que están adoptando cada vez más prácticas empresariales sostenibles, por debajo de Suiza (75%), Polonia (69%), Noruega (68%) y Países Bajos (68%), y con un porcentaje similar al de Serbia e Italia. En contraste, Suecia (56%) y Grecia (52%) presentan las cifras más bajas en este ámbito, lo que indica que aún existe un margen considerable en estas naciones.
En este contexto, el informe revela también que el 64% de las compañías de Galicia considera que podría perder clientes rápidamente si no asume seriamente sus responsabilidades ambientales. Esta cifra ha descendido un punto respecto a 2023, pero ha aumentado levemente desde el 63% registrado en 2022. A nivel nacional, la cifra se sitúa en el 54%, por debajo del 64% de 2022 y del 55% de 2023.
Los impagos, el principal impedimento para impulsar en mayor medida la sostenibilidad en su negocio
A pesar de los esfuerzos significativos por parte de las empresas gallegas para avanzar hacia prácticas más sostenibles, los retrasos en los pagos por parte de los clientes podrían estar frenando el avance de algunas compañías, ya que dificultan su capacidad para invertir en estos objetivos. Por ejemplo, limitando la posibilidad de renovar los equipos por otros más eficientes, destinar fondos a programas de inclusión social o invertir en una mayor transparencia en la gobernanza interna.
En este sentido, el Informe Europeo de Pagos refleja que el 65% de los negocios gallegos podría avanzar en mayor medida en sus objetivos de sostenibilidad si lograra recibir los pagos de sus clientes con mayor puntualidad, lo que destaca la importancia de mantener un flujo de ingresos estable para promover los esfuerzos medioambientales, de contribución social y de buen gobierno.
En España, el porcentaje de respuesta es del 62%, una cifra seis puntos superior a la meda europea (56%), que nos sitúa los segundos de la lista de países, únicamente inferior al de Alemania (66%), y por encima de territorios como Italia (60%), Grecia (59%), Portugal (58%), Francia (53%) o Suiza (50%).
Además de los impagos, la presión operativa, que incluye la necesidad de gestionar recursos ajustados, cumplir con normativas complejas y atender a una creciente demanda de eficiencia, también resulta un impedimento para que muchas entidades puedan destinar más tiempo y presupuesto a la sostenibilidad. Así lo perciben las empresas encuestadas en el estudio de Intrum, que muestra que el 43% de las organizaciones de la región ve comprensible que, bajo estas condiciones, las pymes vean limitado su esfuerzo en mejorar sus prácticas sostenibles. Una opinión compartida a nivel nacional y europeo, donde el promedio de respuesta se sitúa en el 39% y en el 43%, respectivamente.
De cara al cierre del año y con la inminente obligación para todas las empresas de rendir cuentas en materia ESG, se hace aún más necesario que las compañías, independientemente de su tamaño, analicen sus procesos, ajusten sus estrategias y fortalezcan sus políticas de pago, especialmente en el caso de las de menor tamaño. Solo así podrán desarrollar la solidez financiera y la capacidad operativa suficientes para sostener sus compromisos de sostenibilidad, responder con éxito a las nuevas demandas del entorno regulatorio y avanzar con paso firme hacia un futuro más responsable.