Durante el encuentro, se analizaron los factores clave que agravan el impacto legal de los accidentes laborales, especialmente en las pequeñas y medianas empresas.
“Estamos a la cabeza de Europa en siniestralidad laboral”
El abogado Diego Cabezuela fue rotundo: “En los últimos tres años los accidentes laborales han aumentado. En Europa estamos en los primeros puestos en siniestralidad laboral, es una situación que debe revertirse cuanto antes”. Cabezuela denunció un entorno judicial que, a su juicio, trata al empresario “con excesiva severidad” y deja poco margen de defensa: “El 80% de los juicios penales terminan en condena para el empresario. Solo el 20% concluyen en absolución, en la mayor parte de los casos, por tratarse de asuntos muy antiguos”.
Además, alertó sobre la lentitud de la justicia, con casos que pueden tardar más de una década en llegar a juicio, y sobre la influencia excesiva de las actas de Inspección de Trabajo en los procesos penales: “La actuación de la Inspección genera juicios de valor por parte del inspector que luego pasan al procedimiento penal y se convierten en una especie de verdad sobreentendida, que la mayoría de las veces condiciona todo el proceso”.
“Más del 90% de los accidentes ocurren en pymes”
Por su parte, el Fiscal de Sala Ángel Javier Muñoz Marín explicó que los grandes siniestros no suelen producirse en grandes compañías, sino en estructuras empresariales reducidas. “Más del 90% de los accidentes ocurren en pymes que no están preparadas. Estamos viendo empresas de 3 o 4 trabajadores, donde el propio empresario realiza las mismas tareas que sus empleados”.
Según el Fiscal, la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales es “muy buena, pero no está diseñada para el tejido empresarial español”. Abogó por reformarla para adaptarla a la realidad de las pequeñas empresas y propuso nuevas figuras de control interno: “Es clave contar con un delegado de seguridad independiente del empresario, que tenga capacidad para decidir y controlar. Y sobre él, establecer mecanismos de control periódicos”.
Muñoz también destacó que la solución no pasa por endurecer las penas: “Cuando el caso llega a la Fiscalía, el accidente ya ha ocurrido. No sirve con castigar más. Lo que hay que hacer es prevenir mejor”.
“No tener recursos no exime de responsabilidad”
Otro de los puntos clave del debate fue el alcance de la responsabilidad empresarial. El Fiscal dejó claro que “la falta de recursos no exime de culpa, ni es un atenuante. La empresa es responsable de destinar presupuesto suficiente para la seguridad de sus trabajadores”. En todo caso, sugirió que deberían crearse incentivos fiscales o ayudas para incentivar la inversión preventiva en las pequeñas empresas.
Sobre las causas de los accidentes, subrayó que la clave está en distinguir si hubo un comportamiento temerario por parte del trabajador o si la empresa consintió o no impidió esa imprudencia.
“Las grandes empresas tienen más capacidad de defensa”
El socio de Círculo Legal Felipe García aportó una visión técnica sobre las diferencias entre grandes y pequeñas empresas ante un proceso penal. “Es lógico que las grandes compañías tengan una tasa de absoluciones más alta. Tienen capacidad para presentar documentación, KPIs y medidas preventivas que las pymes ni siquiera han tenido oportunidad de implantar”, explicó.
García también advirtió sobre el riesgo de considerar como “objetiva” una inspección de trabajo realizada tras un accidente: “Para nosotros, como abogados defensores, una actuación tendenciosa de la Inspección, tras el accidente, puede obligarnos a reconstruir el caso desde cero, contrastando con informes de peritos, atestados policiales y evidencias técnicas”.
Un reto pendiente: la salud mental
Como cierre, Ángel Javier Muñoz subrayó que la salud mental en el entorno laboral es una cuestión pendiente. “Todavía no está llegando al ámbito penal, salvo en casos muy claros de maltrato o acoso. Pero deberíamos empezar a mirarlo con mayor detenimiento”.