Pescanova SA, tras el concurso de acreedores y la creación de Nueva Pescanova, quedó convertida en una sociedad de cartera sin actividad productiva, y cuyo principal activo es una participación minoritaria del 0,21% en la pesquera.
Los ingresos al primer trimestre del ejercicio social 2025 han sido de 79.000 euros correspondientes principalmente a parte del apoyo anual que la sociedad debe recibir de Nueva Pescanova, en virtud de los acuerdos de segregación aprobados por la junta general de Pescanova de 25 de septiembre de 2015.
Los gastos del primer trimestre corresponden principalmente a gastos generales, de asesores externos (18.000 euros), de remuneración del Consejo (43.000 euros), provisiones y financieros (35.000 euros).
La sociedad presenta al cierre del primer trimestre de 2025 un patrimonio neto de -6,37 millones de euros y a lo largo de este periodo no ha realizado inversiones o desinversiones significativas.
En la comunicación remitida a la CNMV, la vieja Pescanova informa que este mes de abril de 2025 ha presentado demanda incidental en el marco del concurso de acreedores que tiene por objeto "que se declare que los créditos reconocidos a ciertos accionistas como indemnización por responsabilidad civil derivada de un delito de falseamiento contable, (según sentencia penal firme) tienen la naturaleza de créditos concursales no concurrentes".
Esta demanda se basa, según explica la sociedad, en que los hechos que generan la responsabilidad ocurrieron antes del concurso, los acreedores no comunicaron sus créditos dentro del plazo del procedimiento concursal, no fueron reconocidos por la administración concursal y por tanto, no pueden cobrar dentro del concurso sino solo una vez finalizado y, además, con sujeción a la quita del 97,5% establecida en el convenio.
CUANTÍA FINAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La vieja Pescanova reitera que "no es posible fijar los plazos y cuantía final de responsabilidad civil" que corresponde a esta sociedad en las indemnizaciones a accionistas por la quiebra que condenó el Tribunal Supremo en 2023.
Así lo afirma en el texto enviado a la CNMV, en el que hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo, con fecha de febrero de 2023, que condena al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro a seis años de prisión (la rebajaba desde los ocho años de condena de la Audiencia Nacional) como autor de un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales en concurso medial con un delito también continuado de falseamiento de información económica y financiera, así como por delito de alzamiento de bienes.
La sentencia fijaba que, solidariamente con la empresa Pescanova, Fernández de Sousa-Faro deberá indemnizar con más de 125 millones de euros a los inversores perjudicados, tanto compañías como particulares.
Sin embargo, según sostiene Pescanova en este informe trasladado a la CNMV, "no es posible fijar los plazos y cuantía final de responsabilidad civil" para Pescanova SA debido a que "la propia sentencia de la Audiencia Nacional difiere la fijación de las cuantías de la responsabilidad civil frente a determinados inversores al trámite de ejecución de sentencia, de cuya iniciación todavía no se nos ha notificado". Apunta que se estima una hipotética responsabilidad civil máxima de entre 165 a 200 millones de euros.
Junto a esto, expone que "cada beneficiario de la condena a la responsabilidad civil deberá ejercitar su derecho por medio de la correspondiente demanda de ejecución, que abrirán las correspondientes piezas incidentales".
"Es de resaltar que se han detectado cuantificaciones ciertamente abusivas en la responsabilidad civil reclamada por varios de los inversores recogidas en la sentencia de la Audiencia Nacional, o pretensiones de responsabilidad civil de inversores y acreedores que han vendido sus títulos o aceptado la novación de sus créditos, y que serán objeto de oposición", añade.
Y es que asegura que "aun cuando se lleve a cabo la liquidación de la responsabilidad civil por parte de la Audiencia Nacional con respecto a cada inversor personado, estas cantidades no podrán ser ejecutadas contra el patrimonio de Pescanova SA hasta que no exista un pronunciamiento firme del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra sobre la aplicabilidad a dichos importes de las quitas y esperas acordadas en el concurso de acreedores de Pescanova, cuestión que la compañía defenderá en las instancias correspondientes".
De hecho, sostiene que "la única cuantía que ya está delimitada es la multa por el delito a la que la compañía fue condenada por un importe de 21.900 euros", que entiende que también ha de someterse a quita del convenio.