En concreto, el tribunal arbitral internacional compuesto por un panel de tres miembros, constituido en febrero de 2018 a raíz de que Telefónica iniciara el procedimiento de arbitraje internacional en contra de Colombia, ha considerado que el país sudamericano "incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones" de la multinacional española.
En dicho arbitraje, Telefónica reclamó los daños ocasionados por una serie de medidas del Estado colombiano que afectaron las inversiones de la firma española en su empresa afiliada Colombia Telecomunicaciones, en donde tiene una participación mayoritaria.
La disputa surgió de la aplicación por parte del Estado colombiano de diversas medidas para obtener la reversión de activos relacionados con el negocio de telecomunicaciones de Telefónica en Colombia.
Como consecuencia de dichas medidas, Telefónica se vio forzada a pagar al Estado colombiano la cantidad de 379,8 millones de dólares (357,9 millones de euros) en 2017.