Con un presupuesto global de 15 millones de euros, los municipios interesados y las entidades privadas podrán solicitarlas a partir de mañana, salvo en el caso de la orden de ayudas destinada a apoyar actuaciones municipales para la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos, cocina usada petróleo y textiles, cuyo plazo se abrirá el 9 de enero.
Según se publica hoy en el Boletín Oficial de Galicia, la primera línea de incentivos a las entidades locales está dotada con 9,2 millones de euros y prevé cuatro tipos de actuaciones subvencionadas. Dos de ellos tienen como objetivo, por un lado, ayudar a los municipios a implementar la recogida selectiva de los llamados biorresiduos (es decir, la fracción orgánica de los residuos domésticos) a través del contenedor marrón y, por otro lado, apoyarlos en promoviendo la correcta gestión de estos residuos con proyectos de compostaje doméstico o comunitario.
En ambos casos, el importe de la subvención varía en función de la población, pero si el beneficiario solicita ayuda para comprar un camión adaptado para biorresiduos, el importe máximo de la aportación será de 300.000 euros por vehículo.
Esta orden también subvencionará la recogida selectiva de las otras dos fracciones de residuos domésticos en las que la Unión Europea se ha centrado en los últimos años: el aceite de cocina usado y los residuos textiles. El importe máximo de la aportación, en ambos casos, será de 5.000 euros si se trata de una solicitud individual y de un máximo de 80.000 euros si hay más de una entidad municipal detrás del proyecto presentado.
En este sentido, cabe recordar que la directiva europea establece como obligatoria la recogida selectiva de residuos textiles a partir del 1 de enero de 2025, una exigencia que unida al progresivo crecimiento experimentado por esta fracción en los últimos años hace que cualquier proyecto relacionado con su separación sea muy importante. interesante, reutilización y reciclaje.
Puntos limpios fijos, cercanos o móviles
La segunda orden de subvenciones para ayuntamientos publicada hoy , con un presupuesto de 2,6 millones, tiene como objetivo apoyar iniciativas que garanticen una adecuada gestión de los residuos domésticos especiales que no se recogen en el domicilio y no pueden depositarse en contenedores específicos. Divididos también en cuatro líneas de actuación, las tres primeras tienen que ver con la mejora o la implantación de distintos tipos de puntos limpios.
En concreto, las entidades locales que realicen obras de optimización o ampliación de un punto limpio fijo existente podrán solicitar aportaciones de hasta 150.000 euros si la solicitud es de forma individual, o de 200.000 euros cuando la instalación dé servicio a varios municipios.
En el caso de adoptar la línea para la adquisición de los denominados puntos limpios de proximidad (instalaciones de menor tamaño pero que cumplen la misma función), los ayuntamientos optarán por unas ayudas de 15.000 euros y los grupos municipales de un máximo de 35.000 euros; y para las entidades interesadas en comprar conjuntamente un punto limpio móvil, la Xunta ofrecerá hasta 120.000 euros.
En cuanto a las ayudas a la construcción de instalaciones municipales destinadas a la preparación para la reutilización o autorreparación de residuos eléctricos, electrónicos, textiles y otros residuos recogidos de forma selectiva, la cuantía máxima es de 150.000 euros para municipios individuales y de 200.000 euros si hay más solicitantes.
Incentivos para empresas y entidades sociales
Además de colaborar con los ayuntamientos para conseguir una gestión eficiente y sostenible de los residuos, la Xunta también destina 3,2 millones de euros a apoyar a pequeñas y medianas empresas, asociaciones y fundaciones gallegas en proyectos para dar nueva vida a determinados residuos municipales recogidos de forma selectiva.
Gracias a la tercera orden de ayudas publicada hoy en el DOG, las instalaciones de preparación para la reutilización de RAEE y residuos textiles se financiarán, entre otras, con aportaciones de hasta 200.000 euros, y cubrirán, como máximo, la mitad de los costes de construcción de nuevas instalaciones privadas para la valorización de materiales textiles, con un límite de 800.000 euros por proyecto.