Así lo ha ratificado a Europa Press en base a los requisitos establecidos en la legislación estatal de vivienda, que Galicia recurrió ante los tribunales.
Y es que el Ejecutivo gallego entiende que la medida "no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda en la ciudad de A Coruña, de la misma manera -- sostiene -- que agravó estos problemas en los demás lugares en los que se implantó". La Xunta defiende que "frente al intervencionismo hay que darle seguridad jurídica al propietario".
A Coruña formalizó la solicitud ante el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), respondiendo ahora la Xunta en un plazo de 13 días, según remarca, y tras haber requerido nueva documentación al consistorio al entender que faltaban algunos datos.
Ahora, tras la decisión adoptada, recuerda que las medidas establecidas en la Ley Estatal de Vivienda para las zonas declaradas tensionadas producirán efectos a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la correspondiente resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
El Ayuntamiento de A Coruña tiene un plazo de dos meses, contando a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución por parte de la Xunta, para aprobar el plan específico de medidas, así como el calendario de desarrollo de estas. La declaración de zona residencial tensionada tiene una vigencia de tres años.
Desde el consistorio, han asegurado que aún no les llegó notificación oficial pero se alegran de la celeridad lo que vinculan con que el expediente remitido por el consistorio estaba acorde a las exigencias a este respecto.