La asignación total de España a partir de 2027 será de 88.100 millones, de los cuales un grueso de 79.900 millones irá destinado a fondos agrícolas y pesqueros y programas regionales, aunque esta cifra supone un recorte del 20% respecto a los 100.000 millones del ejercicio anterior.
Mientras, otros 3.000 millones están asignados a programas de migración, seguridad y asuntos de Interior y los 5.300 restantes, al fondo social para el clima.
"Nuestra primera impresión es que quedan desvirtuados tanto el apoyo al desarrollo rural como a regiones menos desarrolladas, con el enorme coste territorial y político que ello puede conllevar", ha lamentado el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, durante su intervención en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE que se celebra este viernes en Bruselas.
Sampedro ha expresado también su preocupación respecto al modelo de ejecución centralizada de los planes nacionales y regionales que ha propuesto la Comisión Europea y que se basa en el diseño de los planes de recuperación y resiliencia, "con cofinanciación y certificación, condicionalidad y cumplimiento de hitos y objetivos".
"Es, en definitiva, excesivamente complejo, todo lo contrario de lo esperado en un ejercicio en el que pretendíamos simplificar el marco presupuestario", ha reprobado, antes de expresar también reparos respecto a los nuevos recursos propios que plantea Bruselas para engrosar el presupuesto comunitario, pues "la mayoría son impuestos nacionales que ya existen".
En todo caso, la propuesta del Ejecutivo comunitario es el primer paso de un largo proceso de al menos dos años de negociaciones entre los gobiernos y la Eurocámara.