Los pasados días 1 y 2 de diciembre, en el marco de la COP28 celebrada en Dubái, tuvo lugar la primera Cumbre de Acción Climática Local, donde quedó patente la importancia de los líderes locales para abordar el cambio climático. El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) se centra en su papel en el informe: 'Avances en la acción climática y energética municipal: análisis de casos’.
Según el reparto competencial establecido en la Constitución Española, los ayuntamientos gestionan directamente materias inherentes a la acción climática y energética como pueden ser la planificación urbanística, la movilidad, la gestión de los residuos, vías y espacios públicos, el ciclo integral del agua urbana o el consumo de energía en edificios y en el alumbrado público. Además, permiten cauces directos de participación ciudadana y gozan de autonomía para gestionar intereses que afecten a la comunidad local. “Más del 81% de la población en nuestro país vive en zonas urbanas, por lo que la contribución de los municipios –a través de la puesta en marcha y aplicación de estrategias de mitigación, adaptación al cambio climático y energía sostenible– es indispensable para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos de nuestro país a medio y largo plazo”, indica la directora del IIDMA, Ana Barreira.
Ahora bien, para que estas estrategias funcionen, tienen que ser coherentes y estar en línea con las adoptadas a nivel autonómico. Actualmente ocho comunidades autónomas cuentan con leyes climáticas adoptadas o en tramitación (Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco), y todas ellas obligan a sus municipios a adoptar “planes municipales de cambio climático y/o energía” con objetivos y medidas coherentes con la hoja de ruta autonómica y estatal. Según el análisis realizado por el IIDMA, las ocho regiones prevén la adopción de planes municipales en todos los municipios con independencia de su tamaño, excepto en Galicia (obligatorio en municipios con población superior a 20.000 habitantes), Navarra (en municipios con más de 5.000 habitantes), en País Vasco (en territorios históricos y municipios con más de 5.000 habitantes) y, en Cataluña (en municipios que no tengan consideración de turísticos).
“Para que la acción climática municipal sea efectiva y contribuya a alcanzar los objetivos climáticos y energéticos de España es fundamental que las comunidades autónomas promuevan una buena interlocución con sus municipios y, sobre todo, les proporcionen asesoramiento estratégico y recursos técnicos y financieros suficientes para que sean capaces de elaborar e implementar estrategias municipales alineadas con hoja de ruta regional a medio y largo plazo”, señala la abogada del IIDMA, Alba Iranzo.
El territorio español tiene un total de 8.131 municipios, integrados en sus correspondientes provincias. El estudio del IIDMA se fija concretamente en las regiones de Galicia, País Vasco y Región de Murcia, en las que se han identificado avances significativos en cuanto al nivel de colaboración entre administraciones y a la asistencia técnico-financiera prestada por estas regiones a sus municipios. El Instituto destaca además los avances de tres municipios pertenecientes a estas regiones –Lalín (Pontevedra), Vitoria-Gasteiz (Álava) y Lorca (Murcia)– que ya disponen de planes de acción climática y energía sostenible (PACES) con compromisos para el horizonte 2030 y están poniendo en marcha medidas concretas a nivel sectorial.
Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía
La importancia de la acción climática local para avanzar en la mitigación y adaptación al cambio climático tiene relevancia a nivel europeo gracias al ‘Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía’, una iniciativa dirigida a reforzar la acción climática de gobiernos locales comprometidos voluntariamente con los objetivos climáticos y energéticos de la UE.
Según datos de dicho Pacto disponibles en su página web y analizados por el IIDMA, del total de municipios existentes en España (8.131) actualmente solo el 35% (2.850) se encuentra adherido a la iniciativa. De ellos, aproximadamente el 75% ha adoptado un plan municipal de acción por el clima y/o la energía sostenible (PACES, antes denominados PAES) con compromisos a 2020, 2030 y/o 2050. Las regiones con un mayor porcentaje —más del 70%— de municipios adheridos son Islas Canarias, Islas Baleares, Región de Murcia, Galicia, Cataluña y Andalucía. Por el contrario, los datos muestran una menor participación de los municipios de La Rioja, Castilla La Mancha, Castilla y León, y Asturias en las que solo entre el 1% y el 4% se han adherido a la iniciativa.
Además del apoyo de la UE, los municipios españoles reciben el apoyo de ‘coordinadores territoriales del Pacto’ en España (órganos de la Administración autonómica comprometidos a impulsar la acción climática municipal a través del apoyo administrativo, técnico y financiero) entre los que destaca la Oficina del Pacto de las Alcaldías de la Xunta de Galicia, el Ente Vasco de la Energía (EVE) y la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco (Ihobe) del Gobierno Vasco, y el Instituto de Fomento (INFO) de la Región de Murcia.
Recomendaciones
El informe del IIDMA concluye con cinco recomendaciones cuyo objetivo es contribuir a que la acción climática municipal en España sea realmente efectiva:
Reforzar la colaboración interadministrativa entre comunidades autónomas y municipios, para asegurar la coherencia de objetivos y acción entre los dos niveles de gobierno.
Promover una interlocución directa por parte de las comunidades autónomas con los ayuntamientos de su territorio para poder conocer las dificultades, vulnerabilidades y retos particulares que afrontan, y proporcionarles asesoramiento estratégico, asistencia técnica y recursos financieros suficientes para elaborar e implementar sus estrategias locales de mitigación, adaptación y energía sostenible, dentro del ámbito de sus competencias.
Reforzar la adhesión al Pacto de las Alcaldías europeo de los municipios españoles que no formen parte del mismo y asegurar, cuanto antes, la adopción de PACES con compromisos actualizados a 2030 y/o 2050.
En las regiones en las que es obligatorio, por ley, contar con planes municipales de acción climática y/o energética, es fundamental que la Administración autonómica apoye técnica y económicamente a sus municipios y los prepare para adoptar su planificación en los términos y calendario previsto en la legislación autonómica.
Puesta en marcha de mecanismos periódicos de seguimiento y revisión que permitan evaluar el grado de avance y contribución de los municipios a los compromisos regionales y estatales de energía y clima a medio y largo plazo.