En concreto, las pescaderías han adoptado esta decisión respecto a las movilizaciones de las organizaciones agrícolas, que se están dando por todo el país, pero "siempre de forma ordenada y tratando de no perjudicar a los ciudadanos", según informa en un comunicado, ya que valoran sumarse a las movilizaciones con sus furgonetas de abastecimiento.
Fedepesca ha recordado que está en contacto permanente con las organizaciones representativas del sector productor de la cadena pesquera y acuícola para defender unidos a los operadores de esta cadena, sometidos a las "mismas exigencias desmedidas" y que se sienten "vulnerables" por la imposibilidad de rentabilizar sus negocios en las condiciones actuales de burocratización de la sostenibilidad, aumento de las cargas legislativas, subidas de coste generalizados, al tiempo que se compite en el mercado con productos procedentes de terceros países que no se encuentran sometidos a las mismas exigencias.
La cadena de valor de la pesca y la acuicultura ya mostró hace unas semanas su solidaridad con el sector del campo y el apoyo a sus reivindicaciones, que entienden "debido a las similitudes con las expresadas por los propios productores y comercializadores de la pesca, tanto ante nuestro Gobierno como ante el ejecutivo comunitario".
De esta forma, se muestra el "malestar generalizado" en los operadores de la cadena de la pesca y de la acuicultura sobre las políticas europeas que consideran que "cada vez están más alejadas de la realidad", que están llevando a la pesca, la acuicultura y el comercio especializado de alimentación comunitarios a una pérdida sin precedentes de su capacidad competitiva y pone en riesgo la soberanía alimentaria de Europa.
Respecto al caso de las pescaderías tradicionales españolas, se recuerda que estos negocios están regentados mayoritariamente por autónomos, siendo una "red única en el mundo".
DENUNCIAN SENTIRSE "DESPROTEGIDAS"
Sin embargo, denuncian que su viabilidad se encuentra "fuertemente comprometida" tras haber pasado de 12.632 empresas a 9.939 en 2021, y perdiendo casi un 30% del empleo que pasó de 26.237 personas en 2007 a 18.396 en 2021, según datos del INE.
De esta forma, las pescaderías especializadas aseguran que se sienten "desprotegidas y sometidas a unas exigencias que hacen inviable su supervivencia".
A nivel nacional, Fedepesca lamenta que cuando se legisla para proteger adecuadamente al sector primario, se aprueban normas en las que no se recogen las especificidades de las microempresas, y se las someten a las mismas exigencias que a otros formatos de la gran distribución, siendo imposible que puedan cumplir las mismas exigencias "de papeleos".
Respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria en la que se incluyó que los operadores que realicen la venta final de alimentos o productos alimenticios no podrán aplicar ni ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición del mismo, pero desgraciadamente para un producto tan perecedero es imposible demostrar si se venden a pérdidas o con beneficio cero para atraer al cliente a la tienda, banalizando su valor real.
Las pescaderías tradicionales recuerdan que ellos "únicamente" venden productos pesqueros y del mundo gastronómico marino, por lo que sólo pueden sobrevivir con un precio que garantice la rentabilidad del negocio, la viabilidad de la cadena pesquera y la justa retribución del trabajo del autónomo.
Así, denuncian que se les trata como si fueran gran distribución cuando su poder de negociación con los proveedores es muy limitado, siendo la fuerza a la inversa, ya que el proveedor suele tener un mayor tamaño que los compradores, fijando las condiciones, en un mercado en el que no existen precios fijos, dependiendo de la oferta de y de la demanda, de la situación meteorológica y de muchas otras circunstancias que varían cada día.
Además, recuerdan que en la Comisión Europea se están debatiendo nuevas exigencias en la información al consumidor final o de carácter ambiental derivado del Pacto Verde Europeo, que seguirán incrementando la maraña legislativa, aumentando los costes, limitando la producción europea en los mercados, reduciendo la variedad de especies y sin conseguir que el consumo se desplace a los productos con mayores garantías y más sostenibles medioambiental, social y económicamente porque serán necesariamente más caros.
Por otro lado, el sector ha alertado del aumento de los costes asociados al desarrollo de la actividad comercial. Así a los costes de la materia prima, los salarios, energía y combustible, envases, hielo, etiquetas, mantenimiento del equipamiento, publicidad, entre otros, se suman los impuestos, la verificación de básculas, adhesión a Ecoembes, vigilancia en la salud, prevención de riesgos laborales, auditorías, inspecciones o recogida de subproductos, entre otros, que ahoga a las empresas.
Fedepesca ha advertido de que la "situación es de asfixia" y que se está generando una economía que va a excluir a las empresas dirigidas por autónomos, por lo que hay "un gran malestar".