De este modo, el Departamento de Justicia habría solicitado al juez Amit Mehta, del Distrito de Columbia, que ordene a Google desprenderse del navegador Chrome, el más utilizado en todo el mundo y que controla aproximadamente el 61% del mercado en los EE.UU.
Asimismo, los funcionarios antimonopolio, junto con los Estados que se han sumado al caso, también planean recomendar que se impongan a la empresa requisitos de licencia de datos, así como medidas relacionadas con la IA y su sistema operativo para teléfonos inteligentes, aunque finalmente no habrían solicitado que también se obligara a Google a vender Android.
Desde el pasado mes de agosto, los abogados del Gobierno se han reunido con docenas de empresas mientras preparaban la recomendación al tribunal y los Estados todavía están considerando añadir algunas propuestas, por lo que algunos detalles podrían cambiar, dijeron las personas consultadas.
Según recoge la agencia, Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de Asuntos Regulatorios de Google, dijo que el Departamento de Justicia "sigue impulsando una agenda radical que va mucho más allá de las cuestiones legales de este caso", advirtiendo de que "el hecho de que el Gobierno ponga el pulgar en la balanza de esta manera dañaría a los consumidores, los desarrolladores y el liderazgo tecnológico estadounidense precisamente en el momento en que más se lo necesita".
El pasado mes de octubre, el Departamento de Justicia de EE.UU. registró un documento ante el tribunal encargado del caso en el que, como demandante, planteaba la toma en consideración de distintas soluciones para abordar cuestiones como la distribución de búsqueda y el reparto de ingresos de Google, la generación y visualización de resultados de búsqueda, la escala publicitaria y la monetización, y la acumulación y el uso de datos.
Entre la batería de medidas planteadas para cada una de las distintas áreas abordadas, los demandantes consideraban remedios "conductuales y estructurales" que evitasen que Google use productos como Chrome, Play y Android para favorecer la búsqueda de Google y los productos y funciones relacionados, así como otros remedios que limitarían o terminarían el uso de contratos y otras herramientas por parte de Google para controlar o influir en los canales de distribución.
El juez que lleva el caso ha fijado una audiencia de dos semanas el próximo mes de abril sobre qué cambios debería hacer Google para subsanar el comportamiento ilegal y planea emitir un veredicto final para agosto de 2025.
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