Los autores, en consonancia con las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos -- que ha presentado una demanda para reclamar la anulación del mismo-- han considerado que por parte del Ministerio para la Transición Ecológica si hay "cierta sensibilidad" se debería "retirar" el citado decreto, "revisarlo" e "introducir una moratoria en la zona noroatlántica". Además, han pedido abrir una mesa de trabajo con presencia del sector pequero y de la eólica marina.
Así lo ha expuesto la profesora de Derecho Administrativo de la UDC Marta García que, junto al profesor Javier Sánz y representantes de la Plataforma, entre ellos de Galicia y Asturias, han analizado el informe en el que se basa la demanda.
"Es un Real Decreto con muchas fallas jurídicas", ha resumido Sánz en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que el presidente de la Plataforma, Basilio Otero, ha asegurado que el informe es una base para que el sector pueda "defenderse de las tropelías del Estado".
APELAN A UN ACUERDO
"Hay argumentos más que suficientes para poner en tela de juicio el decreto", ha dicho para incidir, además, en la necesidad de "acuerdos" entre el sector y el Estado. De este, ha manifestado que "ha querido avanzar muy rápido, pero poniendo en peligro la pesca de bajura".
Por su parte, la profesora Marta García, que ha detallado el contenido del informe en el que se basa la demanda presentada y de la que el sector informó en agosto, ha expuesto que no se cumplen los criterios que se establecen en la directiva europea para la ordenación del espacio marino.
"Contar con los grupos de interés, en este caso el sector pesquero, identificar usos y actividades, establecer reglas jurídicas claras y zonificar todo ello para un impulso socioeconómico", ha citado, entre otras cuestiones, para asegurar que estos objetivos "no se cumplen".
En particular, ha cuestionado que no se incluya al sector pesquero "ni en usos prioritarios ni de alto potencial, lo que supone que estén subordinados a otros usos como la eólica marina". También ha dicho que el decreto carece de "cobertura legal", es "arbitrario" y "vulnera el principio de igualdad".
Así, ha manifestado que "los mismos argumentos que sirvieron para eliminar algunas zonas de la eólica marina" en el Mediterráno y en Andalucía no se aplican para la zona del Atlántico afectada. "Hay mucha falta de sentido común y muchas otras cosas poco justificadas", ha recalcado.
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