En concreto, han lanzado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyo objetivo central es "proteger la agricultura y la economía rural en España, en especial el regadío", ya que es un "sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral".
Esta iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de Ley al Congreso de los Diputados si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa a la Cámara Baja.
SOS Rural ha informado que esta acción irá acompañada de otra a a nivel europeo con sus aliados de países como Alemania, Holanda, Francia, Polonia o Rumanía. Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, defendiendo la agricultura nacional y europea contra la competencia desleal de terceros países.
"Se quiere promover el uso de la política comercial de la UE para establecer aranceles y defender el producto agrícola español y europeo contra la competencia desleal de terceros países que no son parte de la Unión Europea, así como para dar preferencia a las cadenas de suministro locales", ha señalado el director-gerente de Adespofa, José Andrés García Cuesta.
La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha señalado que "el maltrato al campo tiene una incidencia decisiva en los precios de los alimentos y en el bolsillo de los españoles". "Si desmantelamos la producción de alimentos, España será un país de sólo servicios, empleo precario y rehén de otros para algo tan elemental como comer a buen precio", ha subrayado.
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