Más allá de entregar documentación que demuestre tener un puesto de trabajo estable que proporcione ingresos fijos todos los meses, pedir los movimientos bancarios a los potenciales inquilinos es una práctica que está comenzando a extenderse. Según Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona, “la falsificación de nóminas y contratos de trabajo lleva a los arrendadores a exigir ver los movimientos bancarios antes incluso de enseñar la vivienda en alquiler”.
A través de las redes sociales, muchos inquilinos en busca de un piso en alquiler están compartiendo su disconformidad con esta exigencia, calificándola de una violación de su privacidad. La experta apunta que “no es ilegal, siempre y cuando se cuente con el consentimiento expreso del inquilino, que deberá firmar una autorización”. En cualquier caso, Goenaga opina que “el mercado está tan tensionado que muchos acaban accediendo porque no pueden permitirse dejar pasar la oportunidad de alquilar un piso, dada la elevada competencia que existe: si ellos no lo hacen, otros lo harán”.
Blindarse ante el impago
“Las malas experiencias propias o ajenas hacen que los caseros se piensen dos veces si alquilar la vivienda o mantenerla cerrada, y los que se deciden por lo primero, extreman las precauciones”, comenta la portavoz de Círculo Legal Barcelona. Este exceso de celo ha llegado hasta tal punto que “las garantías que se piden actualmente para alquilar casi se equiparan a las que el banco pide por conceder una hipoteca”, afirma Goenaga.
A las solicitudes habituales, como el contrato laboral y las últimas nóminas, se le suman ahora los movimientos bancarios, e incluso, la declaración de la renta. En ocasiones, se llega más allá y “se realiza una consulta en bases de datos de morosidad, no solo de inquilinos, sino de otras fuentes que faciliten información sobre cualquier tipo de deuda, pero para ello se necesita también la autorización del inquilino”, puntualiza Goenaga.
Para la experta, la Ley de Vivienda es la responsable de haber cambiado las reglas del juego: “La alarma social respecto a la inquiokupación -inquilinos con contrato que no pagan sus rentas- hace que los propietarios traten de blindarse ante un posible impago”. La abogada admite que “el proceso de desahucio puede alargarse más allá de los dos años y la vivienda, una vez recuperada, puede estar en unas condiciones pésimas, por lo que habrá que invertir en una reforma”.
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