Así lo han confirmado fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que han señalado también que el estudio ha sido remitido acompañado de un informe-análisis jurídico y por una carta firmada por la conselleira María Martínez Allegue, en la que recalca que "la autopista AP-9 es fundamental para la Comunidad Autónoma de Galicia y su gestión está en el centro de las preocupaciones de los gallegos, por su repercusión en el día a día en la movilidad y en nuestra economía".
Además, Martínez Allegue recuerda la actual coyuntura, "en la que en el resto de España se están retirando los peajes de vías que hasta ahora eran pagadas por los usuarios", y cuando se están tramitando dos procedimientos "muy relevantes": por un lado la Proposición de Ley para el cambio de titularidad de la vía y, por otro, el expediente de infracción abierto por la Comisión Europea, por las supuesta ilegalidad de la prórroga de la concesión.
"Por ello, era de enorme interés calcular las cifras del coste que podría suponer para la administración tanto el cambio de titularidad como el rescate del contrato concesional", justifica la conselleira en la misiva, en la que también apunta que, a la Xunta, le hubiera gustado contar con la información del Ministerio sobre la concesión y ese procedimiento de infracción. "Precisamente con ese motivo (entre otros) te hemos solicitado formalmente reunión el pasado 8 de mayo", añade.
Finalmente, Martínez Allegue expone la conclusión del estudio, y se pone a disposición del ministro "para cualquier aclaración que sea precisa en relación con este informe y, por supuesto, para mantener una reunión en la que se pueda tratar la problemática de la AP-9 y el resto de cuestiones en común" de ambos departamentos.
ESTUDIO DE LA XUNTA
La Xunta presentó en las últimas horas el estudio, elaborado por la consultora Eptisa y que difiere de forma notable de las cifras que, en su momento, dio el propio ministro Óscar Puente.
El documento estima que el sobrecoste de traspasar la autopista sería de 526 millones sobre el montante de 1.149 millones que ya se van a pagar hasta 2048 --año en el que finaliza la concesión a Audasa-- con el mantenimiento de las bonificaciones que hay ahora en vigor. En total, unos 1.676 millones.
En este contexto, el estudio del Gobierno autonómico contempla tres escenarios posibles para la AP-9: la transferencia de titularidad, que no llevaría aparejado un coste a mayores; la transferencia junto con nuevos descuentos, que lo subiría en los 526,5 millones ya mencionados; y la finalización de la concesión.
En esto último es en lo que ya no coinciden tanto la Xunta y el Ejecutivo estatal. Puente había asegurado en junio que el rescate de la concesión de la AP-9 supondría un gasto de 4.000 millones para las arcas públicas, que ascenderían a 6.000 millones si, en paralelo, se hiciese el traspaso.
Sin embargo, el Gobierno gallego estima que el pago de rescate, con efectos a 31 de diciembre de 2024, se situaría entre los 1.612 y los 2.355 millones.
Para calcularlo, su estudio suma el pago de la indemnización a Audasa --que no se establecen con exactitud, de ahí la horquilla-- y los costes derivados de la eliminación de las cabinas de peaje y de la conservación y explotación de la autopista hasta 2048. A esto le resta, porque se ahorrarían, los 1.149 millones que se dejarían de pagar en bonificaciones en todo este tiempo.
En la rueda de prensa de presentación del informe, la conselleira María Martínez Allegue ya avanzó que sería remitido al ministerio y trasladó su esperanza de tener "una respuesta" y poder mantener una reunión con Óscar Puente para abordar la situación de la autopista y de otras infraestructuras.