Los videojuegos que se adquieren en formato digital habitualmente funcionan con conexión a Internet y a través de los servicios en la nube que proporcionan las compañías desarrolladoras o productoras de dichos títulos. En este marco, un problema común es que los usuarios están a merced de las condiciones que disponga cada compañía para utilizar sus títulos comprados.
Es decir, en caso de que la plataforma distribuidora o la desarrolladora decidan cesar el videojuego en cuestión, los jugadores lo perderán, sin posibilidad de poder volver a utilizarlo. Un ejemplo de ello es el caso de Ubisoft y su decisión de eliminar el título The Crew de las bibliotecas de juegos Ubisoft Connect tras el cierre de sus servidores, lo que ocasionó que los jugadores ya no pudiesen acceder al videojuego, aunque lo hubiesen comprado.
Esto se debe a que, con la adquisición del producto digital, los usuarios están accediendo a comprar un 'software' que realmente no es de su propiedad y que, en cualquier momento, puede dejar de estar disponible para su descarga o para su uso en la nube.
De cara a evitar o limitar este tipo de prácticas en el sector de los videojuegos, surgió la iniciativa 'Stop Destroying Videogames' (Alto a la destrucción de los videojuegos) que, organizada por ciudadanos europeos y liderada por el alemán Daniel Ondruska, busca exigir a los distribuidores que venden o conceden licencias de videojuegos en la Unión Europea (UE) que mantengan dichos títulos en un estado funcional apto para el juego.
Esta iniciativa fue admitida por la Comisión Europea en junio del pasado año, cuando se solicitó formalmente a dicho organismo la protección de los derechos de los consumidores, evitando que puedan desactivar los títulos a distancia y dejarlos inservibles.
En concreto, se reivindica evitar la desactivación en remoto "sin antes proporcionar medios razonables" para que estos videojuegos sigan funcionando sin la aplicación del distribuidor. Además, tal y como especifica la organización en la página oficial de la iniciativa, no se busca adquirir la propiedad de dichos juegos, los derechos asociados o los derechos de monetización, así como tampoco se espera que el editor proporcione recursos para el título en cuestión, una vez lo descontinúe.
Sin embargo, sí se requiere que el juego siga siendo funcional y que, aunque se elimine el soporte, se deje con una estado "razonablemente jugable" para que los usuarios puedan seguir utilizándolo, dado que lo han comprado.
A FALTA DE UN MES, FALTAN 341.665 FIRMAS
Para que esta iniciativa ciudadana europea sea válida, debe obtener al menos un millón de firmas y alcanzar los umbrales mínimos en, al menos, siete países, en un margen de un año. Así, el inicio del periodo de recogida fecha del 31 de julio del pasado año y, por tanto, tiene como fecha límite el 31 de julio de 2025.
Así, a falta de un mes para que venza el plazo de firma, la iniciativa cuenta con el apoyo de 658.335 usuarios que han firmado en la UE, 54.262 españoles, por lo que en el momento de escribir esta noticia requiere 341.665 firmas más.
Para poder participar y apoyar la causa mediante la firma, los usuarios deben acceder a la página oficial del sistema central de recogida en línea de la Unión Europea destinada a dicha iniciativa y facilitar un conjunto de datos personales a efectos de verificación.
En el caso de España, únicamente se requiere que los usuarios faciliten el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el nombre completo, o bien utilizar la identificación electrónica. Tras ello, bastará con pulsar sobre la opción de 'firmar' para completar el proceso.
Con todo, si la iniciativa ciudadana europea consigue alcanzar el millón de declaraciones de apoyo, procedentes de al menos siete Estados miembros, la Comisión deberá decidir si da curso o no a la solicitud, "pero en ambos casos deberá motivar su decisión".
Se ha de tener en cuenta que, según detallan los organizadores, esta exigencia trata de evitar una práctica comercial que "no solo atenta contra los derechos fundamentales del consumidor, sino que también está destruyendo el propio medio".
Esto se debe a que, tal y como han asegurado, los videojuegos en sí mismos "son obras creativas únicas" y, finalizar el soporte y eliminar el título, "representa una pérdida creativa para todos los involucrados y borra la historia de maneras imposibles en otros medios".
Asimismo, la iniciativa se basa en el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que detalla que "nadie podrá ser privado de su propiedad, salvo por causa de utilidad pública y en los casos y condiciones previstos por la ley, a cambio del pago oportuno de una indemnización justa por su pérdida".
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